Según las Naciones Unidas, la justicia transicional comprende «toda la gama de procesos y mecanismos asociados con el intento de una sociedad de asumir un legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación». Los cinco pilares de la justicia transicional están interrelacionados y son los siguientes: a) el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad de los hechos; b) el enjuiciamiento y castigo de los infractores de los derechos humanos; c) las reparaciones para las víctimas y sus familias; d) la preservación y transmisión de la memoria; y e) garantizar la no repetición de los problemas de programación de recursos bajo incertidumbre nuevas violaciones de los derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura han tenido consecuencias psicosociales en la sociedad chilena, y numerosos temas no resueltos están inmersos en un complejo proceso de justicia transicional que se ha desarrollado a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos de activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, académicos y numerosas instituciones comprometidas con la agenda de justicia transicional, una adecuada evaluación de la situación del país nos obliga a reconocer que los avances han sido más lentos de lo inicialmente esperado cuando se inició la transición a la democracia. Una tarea pendiente es la preservación, protección y utilización de archivos, registros y documentos sobre violaciones a los derechos humanos. Esto debe ser abordado adecuada y oportunamente en Chile.
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